CIDH alerta por la expansión de la pena capital en Cuba
El organismo señaló que las normas ambiguas pueden poner en riesgo libertades fundamentales y reiteró su rechazo a la sanción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la permanencia y la ampliación de la pena de muerte en la legislación cubana. El organismo formuló el señalamiento durante su 197.º período de sesiones, celebrado en Ciudad de Panamá, y advirtió que algunas disposiciones penales pueden poner en riesgo el ejercicio de libertades fundamentales. Su alerta abordó tanto el alcance de la sanción máxima como la redacción de las normas que la contemplan.
En Cuba, las figuras delictivas susceptibles de recibir la pena capital pasaron de 20 a 24, según los datos divulgados sobre la legislación. La CIDH cuestionó que la sanción siga vigente y que se haya extendido a más supuestos. El incremento amplía el conjunto de delitos a los que puede aplicarse la pena máxima, mientras el organismo también centró su preocupación en el modo en que ciertas disposiciones están formuladas.
La Comisión advirtió que la redacción ambigua de esas normas puede exponer a personas a sanciones por ejercer derechos y libertades. Entre los ámbitos que mencionó están la expresión, la reunión y la asociación, además de la participación política. El señalamiento vincula el diseño de las disposiciones penales con el margen para ejercer esas libertades, y no solo con la aplicación de la pena capital.
La CIDH reafirmó su posición favorable a abolir la pena de muerte. Esa postura acompaña su cuestionamiento a que la sanción continúe vigente y se aplique a un número mayor de figuras delictivas. La Comisión expresó así su rechazo tanto a la permanencia del castigo como a la ampliación descrita.
El organismo también reiteró un llamado a liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos. Esa petición formó parte del pronunciamiento junto con la preocupación por la pena capital y las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política. La declaración reunió así un reclamo sobre las sanciones penales y otro referido a quienes permanecen encarcelados por razones políticas.