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Política

Cuba registra 1.353 presos políticos y procesos contra adolescentes por sedición

Prisoners Defenders sumó 39 casos en octubre y alertó sobre menores procesados, familias investigadas y cientos de reclusos enfermos sin tratamiento adecuado.

3 min de lectura

Ilustración editorial del acontecimiento
Ilustración: Malecón90

Cuba terminó octubre con 1.353 personas registradas como presas políticas, el mayor total alcanzado hasta ahora por Prisoners Defenders. Su informe mensual incorporó 39 casos y retiró 37, principalmente de personas que ya habían cumplido sus condenas. La lista incluye tanto a quienes están encarcelados como a quienes afrontan restricciones fuera de prisión. Del total, 158 son mujeres y 43 fueron detenidas antes de cumplir 18 años. La organización señaló que buena parte de las nuevas incorporaciones se vincula con expresiones críticas al Gobierno.

Veintiséis de los 39 nuevos registros corresponden a personas relacionadas con carteles, consignas, grafitis u otras manifestaciones de opinión política, según el criterio de la organización. De ellas, 26 permanecían en prisión: 18 en detención provisional y ocho con condena. Otras diez estaban sujetas a arresto domiciliario o fianzas, medidas atribuidas a autoridades policiales o fiscales sin revisión judicial. En los últimos doce meses el registro sumó 346 casos, unos 29 al mes; desde las protestas de julio de 2021, contabiliza 2.256 personas que han pasado por prisión por motivos políticos.

El informe destaca la causa abierta en Morón, Ciego de Ávila, contra 18 personas por las protestas del 13 de marzo. Seis eran menores cuando ocurrieron los hechos y la Fiscalía solicita penas de cinco a trece años. Entre los adolescentes figuran Jailer Israel Valero Luis, de 17 años, para quien se piden siete años, y Pedro Luis Figuera Díaz, de 16, con una petición de cinco. Los peritajes oficiales mencionados en el reporte describen afecciones que inciden en la salud y capacidad de ambos. Prisoners Defenders sostiene que ningún juez ha examinado el fondo de las acusaciones.

La causa también alcanza a familiares en Sancti Spíritus. Óscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, fueron detenidos el 10 de octubre después de que él gritara consignas desde la azotea de su casa; ambos quedaron en prisión provisional. Su hija Aitana, de 18 años y madre de una niña pequeña, pasó a reclusión domiciliaria el 22 de octubre por su participación en la protesta. Los tres quedaron incluidos en un mismo procedimiento penal, que, según el informe, no había recibido pronunciamiento judicial. El caso se suma a otros en los que el registro documenta medidas contra más de una persona de una familia.

El balance también recoge las situaciones de Ariel Limias Leyva y Daniel Rodríguez Rodríguez. Limias, pastor y pintor, fue detenido tras mostrar carteles en las escalinatas del Capitolio de La Habana y afronta una investigación por propaganda contra el orden constitucional. Había sufrido un infarto y, según la organización, depende de medicamentos cardíacos que costea su familia. Rodríguez fue encarcelado después de fotografiar consignas críticas; ya padecía enfisema y tenía un tumor pulmonar. En octubre denunció que la prisión interrumpió la atención médica que tenía programada.

Prisoners Defenders contabilizó 464 presos políticos con enfermedades graves que, según su informe, no reciben tratamiento adecuado. Entre ellos, 236 padecen desnutrición, 80 tienen hipertensión sin medicación y 54 presentan afecciones mentales o psicológicas sin atención especializada. La organización también reportó casos de asma y diabetes, entre otras dolencias. Javier Larrondo, presidente del grupo, reclamó una respuesta internacional ante la situación y advirtió que las condiciones carcelarias pueden empeorar la salud de los reclusos. El informe sostiene que muchos afrontan varias patologías a la vez.

Fuentes consultadas

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