ICE amplía su capacidad migratoria con más de 29.000 agentes estatales y locales
Un informe de FWD.us cifra en el doble el personal habilitado respecto de ocho meses atrás. La expansión del programa 287(g) cuenta con incentivos federales y fondos adicionales en Florida.
Según un informe de FWD.us, ICE otorgó competencias migratorias a policías estatales y locales que suman más de 29.000, con habilitaciones desde enero de 2025 hasta octubre de 2026. El total duplica el de ocho meses antes y rebasa los 11.600 funcionarios que la agencia federal emplea directamente para labores de deportación. FWD.us es una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a promover reformas migratorias y del sistema penal fundamentalmente.
Esa incorporación de personal se articula mediante el programa 287(g), que permite delegar facultades para efectuar detenciones migratorias en policías y oficinas de alguaciles. Más de 1.850 organismos, repartidos por 30 estados, intervienen en la variante de mayor alcance operativo. Las jurisdicciones participantes abarcan territorios donde vive, como mínimo, un tercio de la población estadounidense. En Florida, la legislación exige acuerdos de este tipo a los alguaciles de sus 67 condados.
El despliegue también dispone de incentivos económicos. Durante el verano, el Departamento de Justicia ofreció subvenciones por 3.000 millones de dólares destinadas a organismos que se incorporen al programa. Florida, por su parte, gestiona hasta 250 millones de dólares adicionales para reembolsar gastos de las agencias participantes. Al terminar junio, las aprobaciones con cargo a ese fondo estatal rondaban los 148 millones de dólares, dentro de un mecanismo separado del financiamiento federal.
Felicity Rose, vicepresidenta de investigación en FWD.us, vincula este crecimiento con un giro táctico de la administración Trump. A su juicio, la colaboración policial permite desplazar el protagonismo desde grandes operativos urbanos hacia intervenciones menos visibles durante controles viales habituales. Rose contrapone ese modelo a los despliegues llamativos realizados en ciudades como Chicago y Minneapolis, y considera que los agentes locales resultan esenciales para esa estrategia.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que estos convenios son fundamentales para combatir tanto la delincuencia como la inmigración irregular. Sobre el perfil de las personas detenidas por ICE, los análisis del Cato Institute sitúan entre un 5% y un 7% la proporción que tenía condenas por delitos violentos, frente al conjunto de arrestados por la agencia federal de inmigración estadounidense en esos análisis citados por la organización especializada en políticas públicas.
Para la comunidad cubana, el crecimiento de la actividad migratoria tiene un antecedente cuantificado por el Cato Institute: las detenciones de ciudadanos de Cuba practicadas por ICE aumentaron un 463% desde finales de 2024 hasta los primeros meses de 2026. En el sur de Florida, quienes poseen un formulario I-220A, mantienen un caso pendiente o tienen el parole vencido figuran entre los grupos particularmente expuestos a la aplicación de estos convenios.