Salazar pide a Trump convertir su apertura migratoria en un acuerdo bipartidista

La congresista republicana María Elvira Salazar instó al presidente Donald Trump a impulsar un acuerdo migratorio con apoyo de ambos partidos, después de que él reconociera el impacto de deportar a trabajadores sin antecedentes penales. En un mensaje difundido en X, la legisladora presentó esas declaraciones como una oportunidad para avanzar con la Ley de Dignidad, iniciativa que promueve junto a la demócrata Veronica Escobar. Sostuvo que el Congreso puede abordar así un problema que lleva décadas sin solución.

En una entrevista con el programa 60 Minutes, Trump mencionó a personas empleadas en hoteles, limpieza y otros servicios, y admitió que su expulsión tiene consecuencias políticas. También manifestó que estaría dispuesto a conversar sobre una salida para inmigrantes establecidos en el país desde hace años, mientras defendió la deportación de quienes cometen delitos graves. No anunció un acuerdo ni precisó las condiciones de una eventual medida. Salazar pidió que convoque a republicanos y demócratas para negociar.

La congresista presentó la propuesta como una respuesta que combina control migratorio con una opción para determinados inmigrantes. También vinculó el debate con la economía y el costo de vida, al mencionar ámbitos como vivienda, alimentos, salud y manufactura. Su argumento es que las decisiones migratorias repercuten tanto en las familias como en las empresas que emplean a trabajadores inmigrantes. Sin embargo, la disposición expresada por Trump no supone un respaldo formal a cada componente de la iniciativa.

La versión presentada en julio de 2025, identificada como H.R. 4393, contempla un programa de siete años para personas que estuvieran en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2020. Según el resumen de la oficina de Salazar, los participantes deberían pasar una revisión de antecedentes, cumplir la ley, pagar impuestos adeudados y abonar 7.000 dólares durante ese periodo. También tendrían que presentarse periódicamente ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Quienes completaran el programa podrían solicitar un estatus renovable para vivir y trabajar en el país, además de autorización para viajar. La propuesta no establece por sí misma una ruta a la residencia permanente ni a la ciudadanía. Por ello, cumplir cinco o diez años de permanencia no bastaría automáticamente para acceder: la fecha de llegada y los demás requisitos serían determinantes. La nacionalidad cubana, por sí sola, tampoco garantizaría la admisión. Las declaraciones presidenciales no cambian el estatus de quienes tienen trámites pendientes.

La iniciativa se plantea en un escenario político cambiante y mientras la continuidad de Salazar en el Congreso seguía pendiente de un recuento en el distrito 27 de Florida. Los resultados previos al conteo le daban una ventaja de 1.090 votos sobre el demócrata Eliott Rodríguez, equivalente a cerca de 0,44 puntos porcentuales. El recuento por máquina estaba previsto para el 9 de noviembre en Doral. No había un ganador definitivo, y tampoco se sabía si la apertura de Trump se traduciría en negociaciones o en una ley aprobada.