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Migración

Undécimo Circuito establece que el I-220A no acredita parole para el ajuste cubano

El fallo vinculante en tres estados distingue la liberación bajo supervisión del beneficio migratorio exigido para solicitar la residencia permanente.

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Ilustración editorial del acontecimiento
Ilustración: Malecón90

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos resolvió que la liberación de una persona con el formulario I-220A no demuestra, por sí sola, que haya recibido parole. La decisión afecta a quienes pretenden usar ese documento para cumplir el requisito de la Ley de Ajuste Cubano y pedir la residencia permanente. Al tratarse de una opinión publicada, el criterio es vinculante en los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama respecto de los asuntos que aborda.

El pronunciamiento surgió de la apelación de Yoan Aguiar-Fernández, su esposa Yenisley González-Sanabria y su hija. La familia llegó a Estados Unidos por la frontera con México en junio de 2021 y fue detenida por la Patrulla Fronteriza; luego quedó en libertad bajo formularios I-220A. Al solicitar el ajuste cubano, sus peticiones fueron rechazadas por no satisfacer la condición de haber sido admitidos o haber obtenido parole en el país.

Los jueces distinguieron la liberación amparada en la sección 1226 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad del parole humanitario previsto en la sección 212(d)(5)(A). Según la resolución, el I-220A documenta una salida de custodia sujeta a condiciones, pero no prueba que el Departamento de Seguridad Nacional concediera el beneficio de parole. En el expediente familiar, los formularios citaban la sección 1226 como fundamento de la medida.

La familia sostuvo que la autoridad migratoria debió aplicar otra disposición legal y que su liberación debía considerarse parole. El tribunal rechazó esa interpretación y centró su análisis en la base que la agencia consignó y en lo que efectivamente otorgó. El fallo también señala que no se puede convertir la liberación en parole únicamente porque se alegue que correspondía utilizar una vía legal diferente. La decisión mantuvo además las negativas a las solicitudes de asilo y otras protecciones de esa familia, sobre la base de su expediente.

La resolución podría influir en la demanda colectiva Bello-Rubio v. Noem, presentada en Miami por 992 inmigrantes con I-220A. El litigio busca que las circunstancias de detención y posterior liberación de sus integrantes sean reconocidas como parole, con el fin de que puedan solicitar la residencia bajo la ley cubana. El nuevo precedente puede complicar ese argumento, pero no desestima automáticamente la demanda: corresponde a la jueza Jacqueline Becerra evaluar su efecto en el caso pendiente.

El fallo no elimina la Ley de Ajuste Cubano ni establece que todas las personas con I-220A deban ser deportadas. Tampoco impide que alguien cumpla el requisito por otra vía y acredite una admisión o un parole válido. Su alcance concreto es más limitado: el formulario, por sí mismo, no basta para probar el beneficio migratorio requerido. La jueza deberá resolver el litigio colectivo a la luz del precedente y de los argumentos presentados por las partes.

Fuentes consultadas

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