Whitmire fija límites a los avisos de la policía de Houston al ICE
La orden municipal excluye los contactos por infracciones menores de tránsito y mantiene la coordinación en casos graves, sin suspender las operaciones migratorias federales.
El alcalde John Whitmire firmó una disposición que modifica las condiciones para que los policías de Houston contacten al ICE durante sus intervenciones. El anuncio fue presentado junto con Noe Díaz, jefe policial de la ciudad texana, y establece nuevas pautas para la colaboración directa del cuerpo municipal con la agencia federal de inmigración.
La directiva elimina los avisos migratorios cuando la actuación policial responde a una infracción vial menor o a una falta administrativa de poca entidad. Whitmire explicó que, ante un incidente de tránsito de ese tipo, los agentes podrán imponer una multa o hacer una advertencia y permitir después que la persona continúe su recorrido, sin que esa intervención motive una llamada al ICE.
La cooperación se mantiene para los supuestos de mayor gravedad contemplados por la orden, incluidos arrestos por delitos castigados con prisión y casos relacionados con personas cuyos antecedentes indiquen alta peligrosidad. Las autoridades policiales mencionaron las agresiones graves y las actividades delictivas organizadas entre los asuntos que seguirán requiriendo coordinación federal. Además, los agentes recibieron la instrucción de concentrarse en prevenir hechos violentos e investigar esos crímenes.
La decisión regula la participación de los agentes municipales, sin ordenar que la agencia migratoria abandone la ciudad. Tampoco suspende sus operativos ni deja sin efecto la legislación federal sobre inmigración. La distinción sitúa el cambio en las circunstancias que activan el contacto entre ambos cuerpos, no en la capacidad de actuación de las autoridades migratorias dentro de la ciudad.
Whitmire vinculó la iniciativa con la necesidad de aliviar la inquietud de los inmigrantes después de las elecciones de mitad de mandato. Explicó que busca facilitar que los residentes acudan a la policía para denunciar un delito o solicitar auxilio sin temer consecuencias migratorias. También sostuvo que la ciudad perseguirá a quienes representen un peligro, en lugar de dirigir sus esfuerzos contra personas dedicadas a sus familias, sus empleos y sus estudios.
La administración municipal defendió como prioridades la vigilancia comunitaria y el esclarecimiento de los delitos que afectan de forma directa a los vecinos, con los recursos de seguridad concentrados en esas tareas. Por su parte, organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes respaldaron la resolución y la consideraron necesaria para resguardar a las familias trabajadoras y prevenir detenciones indiscriminadas.