Saltar al contenido
EditorialSociedad · Artículo propio de Malecón90

La dignidad no se mide por una calle despejada

Un operativo que traslada a personas sin hogar solo puede justificarse como atención si informa su destino, respeta su voluntad y ofrece continuidad más allá del orden visible.

DivulgaciónOpinión
Recreación visual editorial para Operativo en Centro Habana traslada a personas sin hogar a centros no identificados
El artículo

La dignidad de las personas sin hogar debe estar por encima de la apariencia ordenada de una avenida. Un operativo que las retira de la vista pública no demuestra, por sí mismo, que haya resuelto su situación ni que haya ofrecido atención adecuada. La Policía Nacional Revolucionaria y el gobierno de Centro Habana actuaron en Galiano, Reina, Belascoaín e Infanta; la intervención fue presentada como saneamiento de vías. Pero si la autoridad describe una acción como asistencia, debe explicar qué recibió cada persona, dónde fue trasladada y qué opciones tuvo. Sin esa información, el lenguaje del cuidado queda sin respaldo verificable.

La comunicación oficial indicó que decenas de personas fueron identificadas y llevadas a centros destinados a atender a quienes viven en esas condiciones. No precisó cuántas fueron trasladadas, qué establecimientos las recibieron, cuánto tiempo permanecerían allí ni si el ingreso fue voluntario. Tampoco describió las condiciones de alojamiento o la atención brindada. Esas ausencias no prueban que hubiera maltrato ni permiten afirmar que no se prestó ayuda; sí impiden valorar el alcance de la intervención. La responsabilidad de despejar las dudas corresponde a las instituciones que organizaron y presentaron el operativo.

Presentar a las personas como un problema de apariencia urbana desplaza la mirada desde sus necesidades hacia la comodidad de quienes observan la calle. Que se mencionen objetos considerados inservibles o un entorno más ordenado no explica la situación de quienes fueron retirados. La respuesta pública debe reconocer que son personas con historias y necesidades distintas, no reducirlas a una categoría administrativa. Esa distinción importa en la práctica: una política centrada en la limpieza puede medir calles despejadas; una política de atención necesita informar sobre alojamiento, salud, seguimiento y posibilidades de salir de la situación de calle.

La falta de datos actuales vuelve especialmente importante no confundir cifras de períodos distintos. Entre 2014 y 2023 se identificó a unas 3.690 personas con conducta deambulante; en octubre de 2023, La Habana contabilizaba 843. Son referencias que no constituyen un recuento vigente ni describen automáticamente a quienes participaron en el operativo reciente. Datos difundidos en 2025 indicaban que el 87 por ciento de las personas atendidas en centros eran hombres y que el 30 por ciento tenía alguna discapacidad. Esos porcentajes corresponden a quienes recibían atención, no necesariamente al total de personas sin hogar en la ciudad.

También se informó en 2025 de un programa según el cual un autobús salía cada mañana con trabajadores sociales y policías para localizar personas en La Habana Vieja, Centro Habana y Plaza de la Revolución. El gobierno señaló entonces que unas 30 personas eran trasladadas al día, que el ingreso debía ser voluntario y que la permanencia podía llegar hasta 90 días. Ese antecedente ofrece preguntas pertinentes, no una explicación automática del operativo actual: no se ha precisado si participaron los mismos centros ni si se aplicaron idénticas condiciones. La transparencia exige distinguir lo que se anunció antes de lo que se hizo ahora.

Un traslado solo puede considerarse una medida de atención si las personas conocen el destino, pueden expresar su voluntad y reciben información comprensible sobre sus opciones. También hace falta explicar cómo se atienden necesidades de salud y discapacidad y qué seguimiento existe después del ingreso. No se trata de exigir que una comunicación pública revele datos personales, sino de publicar protocolos y resultados generales que permitan comprobar garantías. La ausencia de detalles en el reporte disponible no autoriza a dar por sentado que hubo coerción, pero tampoco permite presentar la intervención como asistencia suficiente.

Las autoridades deben informar, al menos, cuántas personas fueron trasladadas, qué tipo de centros las recibieron, qué servicios se ofrecieron y qué mecanismos de acompañamiento se activaron. También deberían aclarar cómo se verifica el carácter voluntario de los ingresos y qué vías existen para expresar quejas o pedir ayuda. Los datos pueden difundirse de forma agregada, sin exponer identidades. Esa rendición de cuentas serviría para evaluar si el operativo respondió a necesidades concretas o si se limitó a moverlas fuera de ciertas calles. No es una exigencia ornamental: es el modo de distinguir cuidado de gestión visual.

Una ciudad tiene derecho a atender sus espacios públicos, pero ese objetivo no puede borrar los derechos y la humanidad de quienes viven en ellos. El éxito no debería medirse por el aspecto de cuatro calles al terminar una jornada, sino por garantías que puedan verificarse y por una atención que no termine cuando la persona deja de ser visible. Publicar información, asegurar voluntariedad, ofrecer atención y dar seguimiento son compromisos mínimos para que la intervención pueda llamarse social. Sin ellos, la promesa de ayuda permanece incompleta; con ellos, la política puede empezar a responder a las personas y no solo al paisaje urbano.