Ángel Santiesteban-Prats, recién elegido Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, denunció este jueves en Facebook que su domicilio está sitiado por la policía política y que las cuentas bancarias de la institución llevan meses congeladas, impidiendo pagar los salarios de sus trabajadores.
La denuncia llega apenas días después de que la Alta Cámara del Rito lo eligiera como máxima autoridad del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en Cuba, con 19 votos a favor y uno en contra, sustituyendo a José Ramón Viñas Alonso, quien encabezaba el organismo desde 2015.
Este jueves, Santiesteban-Prats y el Gran Secretario debían entregar en el Ministerio de Justicia la documentación de las elecciones celebradas el sábado 26 de septiembre y los acuerdos adoptados por la Alta Cámara, un trámite rutinario que quedó bloqueado por el operativo policial, relató en una denuncia en Facebook.
«Desde ayer estoy sitiado, supongo que para evitar cualquier solidaridad con el juicio de Ana Bensi y su madre, que no sería más que un asunto humano. Yo sufrí ese mismo rigor de injusticia y sé lo que vale ser apoyado en momentos como estos. Un operativo que viola todos los derechos universales», escribió el escritor y disidente.
El mismo día de la denuncia, el Tribunal Municipal Popular de Habana del Este declaró culpables a Anna Bensi y su madre Caridad Silvente, condenándolas a dos años de limitación de libertad por grabar y difundir en redes sociales la visita de un agente del MININT a su vivienda.
Santiesteban-Prats también reveló que la Alta Cámara del Rito le pidió no politizar su cargo, pues el objetivo prioritario es recuperar la operatividad legal de la institución: «el propósito fundamental es intentar retomar la legalidad del Supremo Consejo, luego que congelaran las cuentas bancarias, por ende, desde hace meses no se le ha podido pagar el salario a los trabajadores que día a día se esfuerzan por mantenerlo activo y la comunicación con el resto del país».
El congelamiento de cuentas forma parte de una ofensiva estatal más amplia contra la masonería cubana. En abril de 2024, el Ministerio de Justicia suspendió la operatividad bancaria de la Gran Logia y del Supremo Consejo, alegando irregularidades estatutarias.
En mayo de 2025, el régimen intentó imponer a Lázaro Cuesta Valdés como líder del Supremo Consejo, amenazando con retirar el reconocimiento oficial si los masones rechazaban la designación.
La presión sobre el propio Santiesteban-Prats tampoco es nueva. En junio de 2026, fue instruido de cargos y sometido a reclusión domiciliaria en un caso vinculado a una donación de 200 dólares destinada al Asilo Nacional Masónico Llansó.
Antes de eso, en agosto, se le impuso una medida cautelar a Viñas Alonso por «desobediencia», en el marco de la misma campaña de hostigamiento.
El escritor, con casi cuatro décadas dentro de la Orden masónica, cerró su denuncia con una cita del Padre Félix Varela y una acusación directa: «Queda así denunciado que el Supremo Consejo no ha podido cumplir con su labor, una vez más, por culpa de la policía política que con su injerencia constante coarta el desarrollo de nuestras actividades fraternales».
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