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Política

Cuba fija una hoja de ruta para incorporar inteligencia artificial en el Estado

La Resolución 24/2026 ordena un proceso gradual hasta 2030, mientras los apagones y las limitaciones de conectividad ponen a prueba su aplicación.

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Ilustración editorial del acontecimiento
Ilustración: Malecón90

El Ministerio de Comunicaciones de Cuba aprobó una metodología para integrar inteligencia artificial y transformación digital en la Administración Pública. La Resolución 24/2026, difundida en la Gaceta Oficial, establece pautas para organismos centrales y estructuras territoriales, sin ordenar la compra de un sistema específico. La medida organiza cómo las instituciones deberán diagnosticar sus capacidades, preparar sus datos y planificar posibles usos de estas tecnologías.

La propuesta prevé una primera etapa, entre 2026 y 2027, para crear condiciones técnicas y normativas, organizar la información institucional y capacitar a funcionarios. En 2028 se proyectan experiencias piloto y, entre 2029 y 2030, una extensión progresiva de las herramientas. La norma contempla asistentes virtuales para consultas y trámites, sistemas predictivos de apoyo a decisiones y recursos para detectar anomalías, además de automatización de procesos en fases posteriores.

Cada entidad deberá establecer una estructura responsable de la transformación digital, elaborar un diagnóstico y evaluar aspectos como infraestructura, recursos humanos, datos disponibles, seguridad y riesgos legales. El esquema incluye equipos multidisciplinarios y prevé que las autoridades institucionales conduzcan el trabajo. La metodología también plantea medir el nivel de madurez de cada organismo y formular planes de inversión, aunque no asigna fondos concretos ni identifica de dónde provendrían.

La gobernanza de datos aparece como requisito previo a cualquier iniciativa de inteligencia artificial. La resolución dispone que la información de ciudadanos y organismos se conserve en infraestructura nacional o bajo acuerdos considerados soberanos, y establece supervisión humana para decisiones críticas. También incorpora principios de privacidad, seguridad y transparencia. Sin embargo, no detalla cómo podrían las personas pedir explicaciones, corregir errores de los sistemas o cuestionar decisiones automatizadas.

El control de cumplimiento corresponde a la Dirección General de Informática del Ministerio de Comunicaciones, mientras la Secretaría de Transformación Digital debe evaluar los resultados y revisar la metodología al cabo de un año. El texto contempla auditorías y evaluaciones, pero no exige difundir sus resultados ni establece sanciones específicas. Tampoco crea una instancia independiente de vigilancia. La eventual automatización podría afectar puestos estatales, aunque no se calcula cuántos ni se fijan recursos para reconvertir a los trabajadores.

La aplicación del plan afronta obstáculos materiales: prolongados cortes eléctricos, conectividad limitada y equipos tecnológicos deteriorados afectan servicios y oficinas del país. Un indicador regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe situó a Cuba en el puesto 15, con 27,96 puntos sobre 100, dentro del grupo de países exploradores en inteligencia artificial. La hoja de ruta plantea modernizar la gestión pública, pero su despliegue dependerá de recursos técnicos y humanos cuya disponibilidad no está garantizada. La integración de datos y el uso de sistemas automatizados dejan además cuestiones pendientes sobre privacidad y control ciudadano.

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