La Abogacía del Estado se opone a ampliar la suspensión del voto

La Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo que no extienda a más descendientes la suspensión cautelar del voto vinculada al proceso de nacionalidad por la Ley de Nietos. Su posición fue presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde se analiza una solicitud para ampliar esa medida. El debate se desarrolla antes de las elecciones del 29-N y se refiere al derecho al voto de hijos de personas nacionalizadas mediante esa norma.

La petición de ampliar la suspensión fue promovida por Iustitia Europa y Vox. Busca que la medida alcance también a hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de leyes de memoria histórica. La respuesta de la Abogacía del Estado se opone a esa extensión y mantiene el foco del trámite judicial en el alcance de la suspensión cautelar, no en una restricción general a todos los descendientes.

El Gobierno español defiende que los hijos de nacionalizados por la Ley de Nietos puedan votar y rechaza nuevas limitaciones para ese grupo. En el marco de la controversia, la Abogacía del Estado advirtió de posibles problemas en las elecciones del 29-N si se ampliara la suspensión. La discusión reúne así dos posiciones sobre el voto de descendientes de españoles nacionalizados, mientras la petición de extensión está planteada ante el Tribunal Supremo.

La dimensión del proceso de nacionalidad aparece reflejada en un dato incorporado al procedimiento: al 31 de julio de 2026 se habían contabilizado 189.678 inscripciones correspondientes al Anexo III. La cifra se refiere a inscripciones de nacionalidad y no al número de personas afectadas por la suspensión del voto. Ese dato ofrece una referencia sobre el alcance de las tramitaciones vinculadas a la norma, sin resolver por sí mismo a quién debe alcanzar la medida cautelar.

El punto central ante el Supremo es si la suspensión temporal solicitada debe abarcar a más descendientes de personas nacionalizadas. La Abogacía del Estado sostiene que no corresponde extenderla a los hijos de quienes adquirieron la nacionalidad mediante la Ley de Nietos, mientras los promotores de la petición buscan incluir a hijos mayores de edad de nacionalizados bajo leyes de memoria histórica. El debate ocurre en vísperas de los comicios del 29-N, cuyo desarrollo fue señalado en la advertencia estatal.