La Ley 186 reduce de 27 a 21 los organismos centrales del Estado

La Ley 186 establece una nueva organización para la Administración Central del Estado y reduce de 27 a 21 el número de organismos centrales. La norma fue publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria número 90, correspondiente al 2 de noviembre, y comenzará a regir el día 9 de ese mes. El texto legal aborda tanto la estructura de las entidades como la redistribución de responsabilidades dentro del aparato administrativo estatal.

Con la reorganización, seis organismos centrales dejarán de formar parte de la estructura anterior. El cambio también contempla agrupar competencias que hasta ahora funcionaban por separado, de modo que la reforma no se limita a reducir el número de entidades. La Ley 186, denominada «De Organización de la Administración Central del Estado», proporciona el marco legal para modificar esa organización y ordenar las transformaciones previstas.

La puesta en práctica incluye cambios administrativos y la redistribución de personal, finanzas y recursos. La normativa establece un plazo máximo de un año para completar esos procesos, por lo que la entrada en vigor y la ejecución de los ajustes tienen fechas distintas: la ley empezará a regir el 9 de noviembre, mientras que las modificaciones podrán desarrollarse durante el periodo previsto para su implementación.

Ese plazo alcanza la reorganización administrativa asociada a la nueva estructura, incluida la transferencia de personal y recursos entre las entidades involucradas. La agrupación de competencias y la reducción de organismos forman parte de un mismo proceso de reordenamiento de la Administración Central. La norma establece así un periodo para llevar a cabo los cambios, en lugar de concentrar toda la transición en la fecha de entrada en vigor.

La secuencia fijada por la ley comienza con su publicación el 2 de noviembre y continúa con su entrada en vigor el día 9. A partir de entonces, el proceso administrativo tendrá hasta un año para completar los ajustes previstos. La medida modifica la composición de los organismos centrales y dispone la reorganización de funciones y recursos dentro de la Administración Central del Estado.