Un interno del Campamento 16 afirma que no puede cobrar por sus labores

Franyer Abad Dumet afirma que no ha recibido dinero por las tareas que realiza en el Campamento 16, ubicado en San Miguel del Padrón, La Habana. Según contó, llegó al centro el 12 de noviembre de 2025 y desde entonces no ha podido acceder a una remuneración. Su reclamo se centra en las trabas para cobrar, no en una cantidad específica.

Abad Dumet explicó que al ingresar le dieron una tarjeta magnética, pero no la clave necesaria para usarla en un cajero. También dijo que no puede pedir el efectivo en una sucursal bancaria porque, como interno del sistema penitenciario, carece de documento de identidad. La combinación de ambos obstáculos, según su relato, le impide disponer del pago.

El Decreto-Ley 81/2023 establece que quienes trabajan durante su encarcelamiento deben recibir una remuneración en pesos cubanos, al menos una vez al mes. La norma asigna el desembolso a las autoridades penitenciarias y contempla que el trabajador designe en su contrato a un familiar para cobrar en su nombre. El planteamiento de Abad Dumet pone el foco en cómo hacer efectivo ese pago cuando el trabajador no puede acceder por sí mismo a los canales disponibles.

Otro interno del mismo campamento, Marcos de la Luz Caballero Granados, había denunciado que llevaba más de cinco meses trabajando sin cobrar. También sostuvo que casi todos los reclusos del centro afrontaban una situación parecida. Su afirmación amplía el reclamo más allá del caso individual, aunque no ofrece un recuento de las personas afectadas.

En septiembre de 2025, la organización Prisoners Defenders calculó que 60.000 presos en Cuba estaban sometidos a trabajo correccional. El informe se apoyó en testimonios de 53 antiguos reclusos y señaló que ninguno de quienes tenía un salario asignado recibió un comprobante de pago. Esos datos describen un contexto más amplio, pero no determinan cuántas personas del Campamento 16 están en la misma situación.

Abad Dumet, de 31 años, vivía en La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, y trabajaba como conductor de bicitaxi. Según su relato, fue encarcelado tras participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en esa localidad. Contó que estuvo primero siete días en 100 y Aldabó y luego fue llevado al Combinado del Este. Dijo que salió en libertad el 26 de agosto, pero que lo detuvieron de nuevo cuatro días después, cuando acudió a recoger sus pertenencias. El 7 de septiembre regresó al Combinado. Añadió que en octubre recibió una petición fiscal de 20 años de cárcel y que fue juzgado en enero de 2022 junto con otros 15 vecinos de La Güinera.