USCIS detalla qué conductas económicas pueden perjudicar la naturalización

USCIS amplió las pautas para examinar las responsabilidades económicas y familiares de quienes piden la ciudadanía estadounidense. Mediante el memorando PM-602-0201, emitido el 4 de noviembre, la agencia precisó cómo determinadas conductas relacionadas con prestaciones públicas, dependientes y personas patrocinadas pueden influir al determinar si el solicitante reúne el requisito de buen carácter moral para naturalizarse, un asunto relevante para residentes cubanos.

El documento distingue entre recibir prestaciones legalmente y modificar deliberadamente la actividad laboral para conservarlas. Los beneficios de Medicaid, SNAP y TANF, cuando se reciben legalmente, no excluyen automáticamente al aspirante. En cambio, un funcionario puede valorar desfavorablemente que alguien abandone su empleo o disminuya intencionalmente sus ingresos para seguir recibiendo asistencia, incluso sin infringir la ley. Esa valoración debe hacerse individualmente y diferenciarse de la pobreza, la discapacidad y los motivos personales o médicos legítimos.

El memorando también contempla como posible impedimento condicional el fraude para obtener prestaciones, aunque no haya una condena. Entre las conductas que enumera figuran falsear los ingresos, recurrir a identidades distintas y ocultar cambios que modifiquen el derecho a recibir las ayudas. Este supuesto es diferente del cobro autorizado de beneficios públicos y de la valoración sobre las decisiones laborales del solicitante, que requieren su propio examen.

Respecto al sostenimiento familiar, las instrucciones del N-400 ya contemplaban consecuencias por desatender voluntariamente a los dependientes, con la posibilidad de acreditar circunstancias atenuantes. La exigencia alcanza a quienes tienen hijos en Cuba u otro país y puede aplicarse sin una orden de un tribunal. USCIS pide identificar a cada hijo que aún no haya cumplido 18 años, también si nació en el extranjero o no convive con el solicitante, y acreditar el apoyo cuando reside aparte.

Para quienes envían dinero mediante viajeros o intermediarios, demostrar que la ayuda llegó puede ser más difícil sin documentación. Las instrucciones admiten justificantes de pago y una declaración notarial de quien tenga al menor a su cuidado; carecer de una transferencia bancaria no prueba por sí solo abandono económico. El abogado migratorio Willy Allen III había recomendado en agosto de 2025 reunir cartas y fotografías, además de una constancia escrita de la persona que transportó y entregó el dinero.

En materia de patrocinio, la orientación abarca los documentos I-864, I-864EZ e I-864A. El incumplimiento de las responsabilidades asumidas puede perjudicar la evaluación del patrocinador cuando este solicite naturalizarse. Sin embargo, el memorando introduce una distinción importante: que la persona patrocinada cobre prestaciones no demuestra automáticamente que quien la respalda haya faltado a sus obligaciones, pues ambas situaciones pueden coexistir.

La revisión también alcanza a los formularios I-134 e I-134A, empleados para el parole humanitario que, entre 2022 y 2025, permitió la llegada de decenas de miles de cubanos. Estos instrumentos no imponen el mismo deber legal de sostenimiento y reembolso que el I-864. Aun con esa diferencia, USCIS permite considerar desfavorablemente su incumplimiento voluntario al examinar el carácter moral de quien asumió el patrocinio y después pide la ciudadanía estadounidense.